Vivienda en 2012 España: ciudades y pueblos | Caso Avila explicado por los hermanos Encinar

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Muchos de vosotros os estaréis preguntando cúal es la oferta inmobiliara (programa electoral en materia de vivienda, suena mejor) de los partidos políticos de cara a las elecciones autonómicas a celebrar en los próximos meses de 2011 ahora que entramos en el mes M, mayo.

Antes de entrar en el caso Avila (tan breve como bien presentado por los hermanos Encinar), nos centramos en la oferta en vivienda pública y regulación del mercado inmobiliario del que se presupone como potencial ganador en la mayor parte de regiones españolas, el PP ("vuelta con la burra al trigo"):

Incumplimiento de la nueva Ley de Morosidad | Gobierno y Ayuntamientos siguen demorando los pagos

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Sólo han pasado 65 días desde que la Ley de Morosidad se publicara en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de julio de 2010, pero el sector público ya ha comunicado a empresas de servicios que no satisfará sus deudas en el plazo máximo de 55 días que marca la ley vigente en 2010 (a partir de 2013, 30 días), según han denunciado las compañías que contratan con la Administración a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).

El 7-07-2010 entró en vigor la nueva Ley de Morosidad (con adaptación transitoria hasta 2013). El periodo transitorio para que las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS reduzcan su límite de plazo de pago se extiende hasta 2013, con una escala de 55 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.

En el caso de las EMPRESAS PRIVADAS, y exceptuando el sector de la alimentación y los productos perecederos -que quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos-, para 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir de 2013.

En conclusión, el sector público sigue aferrándose a su título tácito de campeón de la dilación en el pago de facturas, pese a que el Gobierno dio su visto bueno a la modificación de la norma y el PSOE votó –a regañadientes, eso sí– a favor del texto.

Destacar que, con la nueva ley, las organizaciones empresariales pueden actuar judicialmente contra los morosos en nombre de las empresas, que de esta forma conservan algo más el anonimato y evitan enfrentarse directamente al poder público.

Los peores pagadores son los municipios (ayuntamientos), seguidos del Estado y las autonomías.

Gráfico que compara:

1º Periodos de pago estipulados por término medio

2º Plazo de pago real

3º Retraso en el pago (diferencia)

4º Principales repercusiones de los retrasos en los pagos en las Empresas españolas

Gobierno, ZP, Ministros: ¿ A que estamos jugando ?

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