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Sólo han pasado 65 días desde que la Ley de Morosidad se publicara en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de julio de 2010, pero el sector público ya ha comunicado a empresas de servicios que no satisfará sus deudas en el plazo máximo de 55 días que marca la ley vigente en 2010 (a partir de 2013, 30 días), según han denunciado las compañías que contratan con la Administración a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).
El 7-07-2010 entró en vigor la nueva Ley de Morosidad (con adaptación transitoria hasta 2013). El periodo transitorio para que las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS reduzcan su límite de plazo de pago se extiende hasta 2013, con una escala de 55 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.
En conclusión, el sector público sigue aferrándose a su título tácito de campeón de la dilación en el pago de facturas, pese a que el Gobierno dio su visto bueno a la modificación de la norma y el PSOE votó –a regañadientes, eso sí– a favor del texto.
Los peores pagadores son los municipios (ayuntamientos), seguidos del Estado y las autonomías.
Gráfico que compara:
1º Periodos de pago estipulados por término medio
2º Plazo de pago real
3º Retraso en el pago (diferencia)
4º Principales repercusiones de los retrasos en los pagos en las Empresas españolas
Gobierno, ZP, Ministros: ¿ A que estamos jugando ?
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